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Ponte Casco.

Publicado por CPS INGECONSULT activado 14 Febrero 2013

La nueva política de fiscalización sobre seguridad ocupacional no ayudará a reducir los accidentes.

La nueva política de fiscalización sobre seguridad ocupacional no ayudará a reducir los accidentes.

Revisando las últimas disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre su política de fiscalización para el 2013, nos topamos con una que merece la pena ser discutida sobremanera. Se trata de la de seguridad ocupacional. El MTPE, cumpliendo su obligación, está buscando una manera de reducir el número de accidentes laborales en los centros de trabajo. Para lograr esto, el ministerio pretende sancionar como falta grave insubsanable de la empresa cualquier accidente ocurrido en el centro de labores, incluso si se tratase de casos fortuitos (es decir, supuestos imprevisibles fuera del control de la institución) y se hubiese cumplido con brindar adecuadas inducciones y capacitaciones al empleado y con entregar los respectivos documentos de prevención de riesgos.

El objetivo que persigue el MTPE, qué duda cabe, es muy importante. Pero, justo por esta misma razón, vale la pena analizar cómo esta nueva política podría cambiar los incentivos que tienen los involucrados para tomar precauciones con la finalidad de que los accidentes no ocurran. Y es que ahí es donde se encuentran los problemas de la idea del MTPE.

Para empezar, habría que detenerse en el efecto que una fiscalización como la que pretende el ministerio para el próximo año puede tener en los empleados. No podemos olvidar, después de todo, que los accidentes pueden ocurrir por culpa de la empresa (porque no capacitó a sus trabajadores sobre los riesgos ocupacionales, sobre cómo evitarlos o no les entregó los implementos de seguridad), pero también puede suceder por culpa de los mismos trabajadores (porque no fueron lo suficientemente diligentes para tomarse en serio las jornadas de capacitación o cumplir con las medidas de seguridad que se les dijo que debían tener en cuenta). Por ejemplo, en la construcción de un edificio un obrero podría accidentarse porque le cayó un ladrillo en la cabeza y la culpa sería de la empresa si no le entregó un casco para protegerse, pero también podría ser del trabajador si, habiéndolo recibido, decidió no ponérselo.

Por dicha razón, una adecuada política para reducir los accidentes laborales debería permitir a la empresa liberarse de responsabilidad en aquellos casos en los que ella cumplió con sus obligaciones pero el accidente ocurrió por negligencia del trabajador. No solo porque resulta injusto volver responsable a alguien por el descuido ajeno, sino porque hacer que el negligente asuma todos los costos de su conducta es una manera de crearle incentivos para que haga las cosas con cuidado. Así, de ser implementada, la política del MTPE podría tener el indeseable efecto de generar más accidentes que los que hoy ocurren.

Por otro lado, es cierto que la nueva normativa incentivaría a las empresas a que, con la finalidad de no incurrir en responsabilidades, tomen las precauciones que les corresponden para evitar accidentes (cosa que harán, lógicamente, siempre que el costo de las mismas sea menor que los daños que tendrían que asumir si el accidente ocurriese). Lo cuestionable, sin embargo, es que se haga responsable a las empresas por los daños sufridos a raíz de casos fortuitos. Para empezar, porque el caso fortuito, por definición, es un evento imprevisible e inevitable. Por eso mismo, ¿no resulta injusto hacerle pagar al empleador por un daño que él no tenía cómo prever y evitar? ¿Qué culpa tiene la empresa, por poner un ejemplo, de que un meteorito le caiga encima a uno de sus trabajadores? Además, si se trata de un caso imprevisible e inevitable, hacer responsable a la empresa no servirá para que tome previsiones para evitarlo.

Como mencionamos, la finalidad que busca el MTPE es bastante loable. Pero la medida que parece tener en mente para alcanzarla –hacer siempre responsable a la empresa– no solo resulta injusta, sino que no crea incentivos para que los trabajadores actúen diligentemente y colaboren con reducir el número de percances. Ojalá el gobierno tenga esto en cuenta porque, de lo contrario, tendrá que incluir en sus estadísticas de “causas de accidentes laborales” a las fiscalizaciones de su propio ministerio.

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